Con la finalidad de de crear herramientas de transparencia, eficiencia, calidad en la gestión y control de las prestaciones del sistema penitenciario provincial se suscribieron tres convenios entre la cartera de Seguridad y Derechos Humanos bonaerense, el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y las Universidades de la Provincia.

En el acto estuvieron presentes el Ministro de Justicia y DD HH de la Provincia Julio Alak, el representante del PNUD en Argentina Mauricio Ranee Valdez, el vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata Martín Pérez Armengol, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas Mauricio Erben y el responsable del programa "Universidades en contexto de encierro" Tristán Basile. 

El convenio prevé asistencia para el desarrollo de las siguientes prestaciones: Diseño de Auditoría externa de calidad a través de Universidades Públicas con asiento en la provincia de Buenos Aires; incorporación al mercado laboral, en el marco de la Ley 11.046, de los internos en los procesos productivos de las empresas que presten tareas en el Servicio Penitenciario Bonaerense; capacitación laboral de los internos en los proyectos en donde pueda utilizarse dichos recursos; análisis de los procesos y procedimientos vigentes; asistencia técnica y legal para elaborar e implementar normas generales de transparencia y eficiencia en la gestión y en el control; asistencia técnica y legal para la elaboración de los documentos bases de las licitaciones a llevar a cabo por el organismo a los efectos que los mismos obtengan una mayor transparencia y concurrencia de oferentes sin menoscabar la eficiencia y calidad del objeto a contratar; y desconcentrar el mercado a los efectos de favorecer a las economías regionales.

El organismo de ONU participará en el diseño e implementación de programas de formación educativa y capacitación laboral para favorecer el programa de reinserción social "Más Trabajo Menos Reincidencia" de las personas que hayan cumplido la pena.
En el mismo sentido, se prevé rediseñar los instrumentos para la gestión de conflictividades orientados a la disminución de la violencia en contextos de encierro.

La primera fase del proyecto tiene como objetivo unificar el sistema de alimentación de las Unidades Penitenciarias priorizando la capacitación e inserción laboral del interno en el marco de la Ley 11.046. A tal efecto se lanzará un llamado para presentar ofertas públicas a fin de implementar un sistema de racionamiento con la participación del interno en el proceso productivo. Para la elaboración de los pliegos, evaluación de las ofertas y el control en la ejecución se contará con la asistencia técnica y legal del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo.