A partir de la firma del  convenio de asistencia técnica entre el CONICET -a través de las gerencias de Desarrollo Científico y Tecnológico y de Vinculación Tecnológica - y el Ministerio Público Fiscal en torno al saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, los equipos científicos involucrados acaban de presentar el primer informe con una serie de recomendaciones en materia de remediación ambiental de acuerdo a lo solicitado por el órgano judicial.

El documento, de más de 80 páginas, es el resultado de varios meses de trabajo conjunto de dos de las Redes Institucionales Orientadas a la Solución de Problemas (RIOSP) del CONICET: la de Investigaciones en Derechos Humanos y la de Estudios Ambientales de la Provincia de Buenos Aires (REAB). En él, se enlistan pautas precisas para actualizar y optimizar el sistema de indicadores ambientales por el que se rige la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el ente creado en 2006 para abordar el saneamiento del degradado espacio natural.

 "Nuestro trabajo consistió en revisar una serie de índices establecidos por la ACUMAR en cuanto a diversas cuestiones que hacen a las condiciones generales de la vida, entre ellas ordenamiento territorial, calidad de aire y de agua tanto superficial como subterránea, desarrollo humano, población expuesta a contaminantes, basurales y acceso a la información", cuenta Jorge Sambeth, investigador del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas "Dr. Jorge J. Ronco" (CINDECA, CONICET-EXACTAS-UNLP-CICPBA) y coordinador de la REAB.

El Profesor Sambeth es coordinador  de la Red de Estudios Ambientales  bonaerense (REAB) y también referente de la red de La Plata (REALP) -una estructura nacida en 2013 en el ámbito del CONICET La Plata como foro de información y discusión entre investigadores y grupos de trabajo multidisciplinarios.

El investigador  explica que este trabajo concreto se realizó durante la primera mitad del año con la participación de numerosos especialistas abocados al análisis de los parámetros utilizados para medir la presencia de distintas sustancias y vertidos en el agua, entre otras cuestiones, y evaluar si era conveniente modificar los límites máximos aceptados o dejarlos como están.

"En algunos casos consideramos que había índices que podían unificarse para arrojar información más precisa, y en otros recomendamos complementar con estudios más profundos. También hicimos una revisión a la luz de las leyes nacionales y provinciales para tratar de adecuar los criterios utilizando como referencia las normativas más estrictas que rigen actualmente", agrega el especialista acerca del trabajo que involucró aspectos no sólo de química y toxicología, sino también de antropología y salud humana.