Por Claudia Broitman (1), Graciela Chemello (2), Patrica Sadovsky (3) y Carmen Sessa (4)

(1) Profesora e investigadora en Didáctica de Matemática FaHCE- Universidad N. de La Plata.

(2) Equipo técnico de Matemática, Ministerio de Educación de la Nación entre 1996 y 2015. Universidad N. de Hurlingham.

(3) Profesora e investigadora en la Universidad Pedagógica Nacional. Equipo de cultura y educación de Suteba.

(4) Profesora e investigadora en la Universidad Pedagógica Nacional y la UBA.

El pasado miércoles 12 de septiembre, el Consejo Federal de Educación (CFE) aprobó el documento “Indicadores de Progresión de los Aprendizajes Prioritarios de Matemática” que tendría como objetivo ser un insumo para la planificación de las prácticas de enseñanza y las evaluaciones. Se anunció que se “aprobó la reforma de la enseñanza-aprendizaje de la matemática”. A juzgar por los considerandos de la resolución, la difusión en algunos medios, la presentación en modo power point que las autoridades han divulgado, pareciera que estamos frente a un suceso extraordinario: la creación del nuevo método para enseñar a todos los alumnos una matemática atractiva, lúdica, aplicada a la “realidad”, “interdisciplinar” y, como si esto fuera poco, con la sorprendente característica de ser “lógica”. En apenas dos años –así promete el ministro Finocchiaro– los estudiantes van a aprender mucho más y van a dejar de temerle a esta disciplina. Una vez más, saldremos del túnel y hallaremos la luz, luego de tanta oscuridad.

Estamos acostumbrados a estas manipulaciones del gobierno: primero se diagnostica un panorama uniformemente devastado, se insiste en la catástrofe, se desconocen los diferentes intentos de mejorar la enseñanza desarrollados en distintas zonas de nuestro país; luego se anuncia una solución superadora, eficaz y casi mágica. En ese camino no hay preguntas (que permitan comprender, por ejemplo, qué aspectos de la enseñanza de la matemática resultan más satisfactorios); no hay análisis (que contribuyan a identificar aquellas condiciones en las que se han logrado experiencias educativas sustantivas). Tampoco hay producción de datos fuera de las pruebas estandarizadas (cuyos resultados se divulgan sin tomar en cuenta otros indicadores de calidad educativa recomendados por organismos que se ocupan de la educación) y no hay debates (que habiliten una discusión profunda sobre el sentido formativo de la enseñanza).

Desde hace muchos años, docentes, formadores e investigadores trabajamos en conjunto para repensar las condiciones institucionales, pedagógicas y didácticas que podrían contribuir a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Esta experiencia acumulada nos confirma que las transformaciones –que las políticas públicas impulsan– logran mayor concreción cuando hay un trabajo colaborativo en el que se promueve un diálogo entre las modificaciones que se proponen y los problemas que profesores y maestros reconocen en su trabajo. Solo así se generan condiciones para que los docentes puedan reelaborar los grandes núcleos de conocimiento que se espera que los alumnos aprendan, así como analizar las trayectorias de sus estudiantes, explorar estrategias de intervención y reformular sus propuestas.

Muy lejos de esta perspectiva, las autoridades afirman la existencia de un método que podría garantizar resultados. Reducen a los docentes a la figura de aplicadores que se limitarían a obedecer protocolos prediseñados. La diferencia entre la concepción de “docentes aplicadores” de un método y aquella que los y las considera como trabajadores intelectuales que toman decisiones, reelaboran y proyectan la enseñanza no es apenas un matiz. ¿Es acaso aceptable declarar que se busca una educación de calidad y además avasallar la tarea docente y restringirla a la aplicación de protocolos?

Sostenemos que una reforma seria, basada en un relevamiento real de los problemas que existen, requiere de un debate público en el que participen todas las voces involucradas. Lejos de esto, el ministerio redujo su “búsqueda de consenso” a unas pocas reuniones a las que asistieron representantes de las jurisdicciones. En ellas no se habilitaron intercambios profundos ni se revisaron cuestiones sustantivas.

Sabemos hoy que la experiencia educativa de los alumnos en las escuelas no es independiente de las condiciones sociales y políticas en las que está inserta. En este sentido, ¿cómo no advertir el daño que provoca un discurso que desvaloriza constantemente el trabajo docente, que insiste incluso en enfrentar a maestros y profesores con el conjunto de la sociedad, que desprecia los conocimientos que no tienen “utilidad” inmediata, que descalifica el saber teórico y la formación crítica de los estudiantes...? ¿Cómo no subrayar lo hostil que resulta estudiar en escuelas cuyas pésimas condiciones de infraestructura son una muestra más del escaso interés que las autoridades muestran hoy por la educación pública?

Oponerse a la interpretación que los funcionarios hacen de la situación actual de la enseñanza y a las políticas que implementan en consecuencia no significa desconocer que hay problemas para resolver en el campo educativo en general y, en particular en la enseñanza de la matemática. Seguiremos trabajando para generar diálogo y análisis compartido con directivos, docentes y padres para mejorar la enseñanza; seguiremos exigiendo que el estado asuma la responsabilidad de asegurar la inclusión efectiva de todos los alumnos y ofrezca los recursos para que la tarea de enseñar y aprender renueve permanentemente su sentido en la realización de la educación como derecho.

Escrito junto a un colectivo de profesionales preocupados por la enseñanza de la Matemática.

Mónica Agrasar, Dilma Fregona, Gema Fioriti, Betina Duarte, Silvia Etchegaray, Horacio Itzcovich, Fernando Bifano, María Mónica Becerril, Mercedes Etchemendy, Cecilia Lamela, Paola Tarasow, Patricia García, Mirta Hanfling, María Emilia Quaranta, Sara Scaglia, Héctor Ponce,  Maria Cecilia Papini, Juan Pablo Luna, Graciela Zilberman, Fabiana Saldivia, Inés Sancha, Susana Wolman, Verónica Grimaldi, Valeria Borsani, Mara Cedrón, Silvia Chara, María Fernanda Delprato, Enrique Di Rico, Viviana Bottino, Mónica Escobar, Verónica Cambriglia, Fabián Gómez, Liliana Prosperi, Ana Lía Crippa, Beatriz Moreno.

(Ver afiliaciones de los profesionales en la nota original de Página 12)