Este jueves 11 de agosto el diario La Nación publicó un artículo flamígero firmado por Guillermina Tiramonti titulado “En la Argentina, la enseñanza pública es un gran simulacro”.

Allí, esta experta que entre sus muchos antecedentes es preciso indicar que fue funcionaria de la gobernadora María Eugenia Vidal,  afirma que los estudiantes que terminan el secundario no saben leer.

Para ella, los certificados son documentos falsos que encubren una estafa gigantesca. Dice: “No encuentro otra explicación que la del simulacro. Tenemos un aparato educativo con una estructura muy importante, que se lleva el 5% del PBI del país para montar un gran simulacro de que se enseña y se aprende. Unos hacen la simulación y otros la certifican. Pareciera una organización delictiva dedicada a la estafa de la sociedad, de los alumnos, de sus padres y los contribuyentes, que son los que aportan el 5% del PBI”.

La acusación sostiene que tal estafa tendría como primeros imputados  a los y las educadoras, luego a los sindicatos docentes y finalmente al Estado, más o menos en ese orden. Incluso hasta los empresarios parecen ser objeto de cuestionamiento.

Pero a la hora de desplegar sus argumentos, en términos históricos, aparecen otros elementos que integran el diagnóstico. Dice Tiramonti que la expansión del sector privado a partir del subsidio legislado en el primer peronismo- y profundizado en sucesivos gobiernos electos democráticamente o dictatoriales- amplió la brecha de la desigualdad educativa. Este hecho se combina con la expansión educativa, producto de la presión de los sectores populares por ampliar el derecho a la educación y, en gestiones democráticas, por políticas educativas que fueron en esa dirección de más y mejor ciudadanía.

Un segundo argumento fuerte es que la expansión educativa se hizo sobreutilizando la oferta existente (por ejemplo, los edificios que debían soportar la mayor escolarización)  y también la creciente pauperización del trabajo docente, explicitando el deterioro sostenido de su salario.

El tercer elemento enunciado remite a la heterogeneidad de la formación docente y la inexistencia de espacios de evaluación del trabajo docente, que hoy se realizaría de modo formal e ineficiente respecto a su  particular idea de “calidad educativa”. Los sindicatos docentes y los políticos lo saben, a pesar de que las pruebas estandarizadas – un indicador bastante controvertido a propósito de qué  debe entenderse por “buena educación”- dan resultados decrecientes.

Luego señala que siendo que los pobres son los perjudicados, por carecer de voz pública, nadie se ocupa del tema concluyendo así. “Todo simulacro, todo ilusión, todo estafa.”

Hasta aquí – más o menos- las palabras que expresan con habilidad la crítica devastadora propiciada por la intelectualidad orgánica neoliberal, neoconservadora y neocolonial. En otras palabras, se trataría de atacar en bloque el colectivo docente, a los sindicatos, al Estado y a los políticos. Si se lee con atención el diagnóstico formulado, podemos inteligir inconsistencias y aseveraciones de orden político educativo y pedagógico controversiales.

En relación al diagnóstico, podríamos suponer que si en la base de los déficits se hallan en la transferencia de subsidio públicos al sector privado (a partir del primer peronismo); por la expansión de la matrícula sin los consecuentes recursos del Estado; por la heterogeneidad de la formación docente y por los bajos salarios de las y los educadores, la solución no sería condenar por estafadores al colectivo docente sino exigir una política pública que opere sobre estos déficits.  Es decir, si el texto fuese coherente debiera concluir con estas ideas:  el cese de todo financiamiento  a la educación privada, la expansión del gasto público, la revisión de la formación docente y el mejoramiento sustancial del salario docente. Pero no. Sin hacer ninguna referencia a estos temas muy caros a su diagnóstico, se limita a la misma agenda neoliberal de destrucción de lo  realmente existente.

A su notable inconsistencia entre diagnóstico de la crisis, definición de responsables y propuesta de alternativas superadoras se sobrepone una particular idea de calidad educativa. Aparecen allí dos conceptos: que las y los estudiantes terminan el secundario sin saber leer y que el indicador de la calidad educativa son los resultados de operativos  estandarizados de evaluación.

Cuestionamos la idea de que la buena educación sea sinónimo de un examen homogéneo de contenidos. Para nosotros y nosotras, una educación deseable es aquella que promueve  la soberanía cognitiva, el desarrollo integral de la personalidad, la capacidad de la libre expresión, la formación de ciudadanos/as-gobernantes y de trabajadores/as en la perspectiva de un modelo productivo que ponga en el centro la reproducción de la vida y no la mera acumulación del capital. Este modelo pedagógico es un desafío a construir en tiempos de mudanza histórica, pero en todo caso está lejísimos de la perspectiva tecnocrática que de manera sutil Tiramonti defiende en su artículo. Y si es cierto que hay jóvenes con dificultades de lectura,  hay que avanzar por una solución coherente: fortalecer el gasto educativo, mejorar las condiciones laborales docentes (desde la conectividad a los salarios), mejorar las condiciones de vida de toda la sociedad,  poner en discusión herramientas de acompañamiento de la formación y el trabajo docente. No se trata de imponer evaluaciones punitivas, sino, en todo caso, de generar condiciones y procesos para que el sistema educativo vaya democratizando su funcionamiento y su eficacia en término de formar a las nuevas generaciones para construir un mundo más justo.

La  mirada hostil y punitiva que propone el artículo de Tiramonti es inconsistente desde el punto de vista interno pero, lo que es más grave, tiene como objetivo inconfesable contribuir al desmantelamiento de lo existente, a la descalificación brutal y a la ausencia de alternativas superadoras de los problemas reales desde una perspectiva de ciudadanía. Esta mirada de Tiramonti fue la base de la política educativa del macrismo entre 2015 y2019.  En otros términos, se trata de desprestigiar y avanzar en el desmantelamiento de lo existente como primera fase de una reestructuración neoliberal del sistema educativo. Este es un elemento de fondo en la transición de la pandemia a la pospandemia: cómo se reconfigurará la sociedad y la educación.

Quienes suscribimos estas líneas, educadoras y educadores, investigadoras e investigadores de la Red Estrado y de otras organizaciones de la educación nos pronunciamos frente a esta perspectiva destructiva y apostamos, por el contrario a la reinvención de una educación democrática y emancipadora para nuestro país y Nuestra América en este turbulento siglo XXI.  Tiempos de transición en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, pero está naciendo.

Suscribir a estas declaraciones de Red Estrado.

Dejamos a disposición el artículo de La Nación para quienes no lo hayan leído.